La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) reunió a instituciones académicas, organismos estatales y referentes de Argentina y España para diseñar una propuesta de formación en Educación Social vinculada con las necesidades concretas de la comunidad.
Una mesa instalada en el Campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown fue el punto de encuentro de experiencias que, hasta ahora, transitaban por caminos diferentes: la formación universitaria, las políticas municipales de inclusión, la educación en contextos de encierro, el acompañamiento de personas liberadas, la protección de las infancias y la defensa de los derechos humanos.
La convocatoria tuvo como propósito avanzar en el diseño de la Diplomatura de Extensión en Educación Social, una propuesta que se construye a partir de los conocimientos y las prácticas de quienes intervienen diariamente en el territorio.
El proceso forma parte de una misión de cooperación internacional impulsada por la UNaB, el Municipio de Almirante Brown y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), con la participación de organismos públicos y entidades especializadas.
En ese entramado, la UNaB actúa como articuladora entre instituciones que conocen distintas dimensiones de una misma problemática social. En la mesa participaron representantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), su Instituto de Formación, el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), organismos vinculados con las políticas de niñez y adolescencia y áreas del Ministerio de Justicia bonaerense, entre otros actores.
“La primera instancia nos permite trabajar el campo de la Educación Social con todos los actores que vamos a estar desarrollándola”, explicó Marcela Altamirano, coordinadora general de Proyección Social de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del Municipio de Almirante Brown. Según señaló, el primer resultado será la puesta en marcha de la diplomatura, aunque el horizonte institucional es todavía más amplio: “El objetivo es poder llegar a una carrera de grado”.
La propuesta estará destinada a funcionarios y trabajadores municipales, integrantes de la comunidad universitaria, agentes penitenciarios y personas que intervienen en espacios socioeducativos.
Su contenido no se limitará a las políticas penitenciarias, sino que incluirá también el trabajo con niñeces y adolescencias, género y diversidad, personas en conflicto con la ley penal y otros colectivos atravesados por situaciones de vulnerabilidad.
Una formación conectada con el territorio
Para Francisco José del Pozo Serrano, vicedecano de Ordenación Académica e Internacionalización de la UNED, la Educación Social puede aportar herramientas para mejorar la convivencia, la participación comunitaria, la inclusión y la calidad de vida de personas y comunidades.
“La diplomatura puede activar una formación específica, vincular diferentes profesiones y políticas públicas e incorporar el enfoque de la pedagogía social al trabajo con colectivos y comunidades que necesitan mejorar sus condiciones de vida y su dignidad desde los derechos humanos”, sostuvo el especialista español.
La elección de la UNaB como protagonista de esta cooperación no fue casual. Del Pozo Serrano destacó tanto su localización en el conurbano bonaerense como la relación que mantiene con el Municipio de Almirante Brown, una cercanía que permite que los conocimientos producidos en el ámbito universitario tengan una aplicación concreta y que las experiencias territoriales ingresen, a su vez, en la construcción académica.
“Hay una articulación muy fuerte entre el municipio y la universidad que constituye una buena práctica de política pública, formación y profesión. Permite que todo aquello que desarrollamos en lo académico pueda tener un impacto real en la comunidad”, afirmó.
La diplomatura se construye así mediante un proceso de cocreación en el que los equipos universitarios aportan los marcos conceptuales y pedagógicos, mientras que los organismos participantes incorporan los conocimientos adquiridos en su trabajo cotidiano. Para el representante de la UNED, esa combinación ofrece una fortaleza particular: “Una ciencia que crea conciencia desde el territorio para la transformación”.
La participación del Servicio Penitenciario Bonaerense permite incorporar una mirada basada en la experiencia de quienes acompañan a las personas privadas de la libertad durante la etapa previa a su egreso.
Herramientas para volver a empezar
Emiliano Licursi, director del Centro de Coordinación con el Patronato de Liberados del Servicio Penitenciario Bonaerense, explicó que el objetivo del trabajo de preegreso es evitar que las personas recuperen la libertad sin recursos para reconstruir sus vidas.
“Tratamos de coordinar las tareas para que lleguen a la etapa de preegreso con alguna herramienta, ya sea educativa, de formación o de conexión con la familia”, señaló. El acompañamiento puede incluir la continuidad de las trayectorias educativas, cursos de formación profesional, vínculos con universidades y el acceso a becas, subsidios y programas del Patronato de Liberados.
Licursi remarcó que muchas de las personas que atraviesan situaciones de encierro acumulan vulnerabilidades previas y necesitan acompañamiento estatal para realizar acciones que pueden parecer elementales, como abrir una cuenta bancaria, retomar sus estudios o vincularse con una institución. “Son herramientas básicas que pueden ayudarlas a salir con un pasito más”, resumió.
Derechos humanos y sociedades menos violentas
La futura diplomatura también incorporará la experiencia del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Una de sus comisionadas, Josefina Ignacio, explicó que el organismo puede aportar información cuantitativa y cualitativa sobre las personas alojadas en espacios de encierro, además de su experiencia en monitoreo, capacitación y prevención de la tortura y los malos tratos.
Para Ignacio, garantizar derechos durante el cumplimiento de una pena no responde solamente a las obligaciones jurídicas del Estado. También constituye una condición para construir comunidades más seguras.
“En la medida en que trabajemos en estos lugares, vamos a tener sociedades menos violentas y más pacíficas, donde sea más amigable convivir”, afirmó. Y agregó que brindar oportunidades de educación, trabajo, salud y acceso a la justicia ayuda a que las personas puedan construir “un proyecto de vida lejos del delito”.
Una universidad que reúne y transforma
La construcción de la Diplomatura de Extensión en Educación Social expresa una característica central del proyecto institucional de la UNaB: una universidad que no piensa la formación separada de los problemas de su comunidad.
En este caso, su función excede la elaboración de un programa de estudios pues reúne a quienes producen conocimiento académico, gestionan políticas públicas, trabajan en cárceles, acompañan procesos de inclusión y defienden los derechos de poblaciones vulneradas. De ese intercambio surgirán los contenidos, enfoques pedagógicos y modalidades de implementación de la nueva propuesta.
La misión de cooperación internacional, desarrollada entre el 4 y el 12 de agosto, incluye encuentros de formación, mesas interinstitucionales, recorridas por centros universitarios en contextos de encierro y jornadas destinadas a consolidar la diplomatura. También prevé la conformación de equipos internacionales de formación, extensión e investigación y la definición de una agenda de trabajo para 2027 y 2028.
El lanzamiento de la diplomatura representa, por lo tanto, el primer resultado visible de una construcción que aspira a continuar en el tiempo. Para una universidad joven, situada en el conurbano bonaerense y estrechamente vinculada con su territorio, significa además consolidar un modelo institucional que transforma las necesidades de la comunidad en conocimiento, formación y nuevas políticas públicas.